Consultoría de supervisión externa para la Construcción del Centro Judicial en materia penal en el departamento de Santa Ana, El Salvador
El objetivo de la inversión es brindar al Poder Judicial una infraestructura propia y adecuada, con edificios que contengan los espacios arquitectónicos necesarios para la administración de justicia, así como las oficinas jurídicas y administrativas que apoyan la labor jurisdiccional. La ejecución eficiente de los procesos judiciales requiere de una distribución de los espacios que contribuya a las condiciones de seguridad jurídica de los procesos y los intervinientes en los mismos: aplicadores, partes, víctimas, testigos y población en general; así como la adecuación de la infraestructura a las nuevas tecnologías, como la realización de audiencias judiciales presenciales y virtuales, espacio y conectividad para la grabación de las mismas; separación de actividades, circulación o movimientos físicos de los involucrados.
La ejecución del proyecto es imprescindible y urgente para atender todas las demandas de los usuarios en menor tiempo; en términos presupuestarios, eliminará los gastos en que incurre el Poder Judicial en el arrendamiento de inmuebles, y en el mediano plazo, el edificio construido generará un valor agregado al patrimonio institucional y un activo para el Estado. Las obras tendrán lugar en el municipio de Santa Ana, en el departamento de Santa Ana.
El edificio para el Centro Judicial en materia penal de Santa Ana constará de dos niveles para estacionamiento (en sótano) y una torre de 6 niveles de altura para salas de audiencia, juzgados y oficinas y un nivel de azotea. Asimismo, contará con un estacionamiento vehicular que se desarrolla en dos sótanos con acceso a través de una rampa principal y comunicados entre sí a través de una rampa interna. Además, habrá un espacio de carga y descarga por nivel frente al montacargas. El proyecto tiene una superficie total construida de 37.665,04 m2.
Es importante mencionar que de conformidad al artículo 33 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el ofertante deberá presentar a favor del Estado y Gobierno de El Salvador, como parte de su oferta, una garantía correspondiente a USD 37,500.00.
Fecha límite de recepción de ofertas: 21 de noviembre del 2022
Oscar Torres
oscar.torres@garciabodan.com
Socio
García & Bodán
El Salvador