El 12 de febrero de 2026 entró en vigencia la Ley No. 1275, mediante la cual la Asamblea Nacional trasladó la Dirección General de Minas, anteriormente adscrita al Ministerio de Energía, a la Procuraduría General de Justicia, a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
La medida forma parte de un proceso de reorganización institucional orientado a consolidar la supervisión y administración del régimen minero bajo un esquema especializado.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La Procuraduría asume facultades de:
- Dirección, control y supervisión del régimen de concesiones y licencias mineras.
- Tramitación y negociación de concesiones.
- Otorgamiento, suspensión y cancelación de derechos mineros.
Este modelo busca integrar la gestión minera con una visión técnica y ambiental, fortaleciendo los mecanismos de control y cumplimiento normativo.
Continuidad operativa y adecuación normativa
La reforma también:
- Actualiza disposiciones de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y normativa sectorial vinculada.
- Establece el traspaso ordenado de recursos presupuestarios, bienes y sistemas a la Procuraduría General de Justicia, garantizando continuidad administrativa.
Implicaciones para el sector
Para los operadores, la reforma representa una actualización institucional que centraliza la gestión ante una autoridad especializada, promoviendo mayor coherencia en la aplicación del marco legal minero.
