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El Gobierno de Nicaragua publicó en La Gaceta Diario Oficial el Decreto Ejecutivo No. 06-2025, el cual introduce una reforma sustancial al marco normativo establecido por el Decreto No. 20-2017, que regula el Sistema de Evaluación Ambiental en Nicaragua. Este cambio amplía el ámbito de aplicación del sistema, incorporando nuevas actividades y autorizaciones que ahora requieren evaluación ambiental, tales como el manejo de especies marinas y flora, la declaración de reservas silvestres privadas, y la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.

Además, el nuevo decreto redefine algunos de los principios rectores del sistema, destacando la inclusión proactiva de todos los actores involucrados y la responsabilidad compartida, con especial atención a las regiones autónomas del Caribe nicaragüense. Esta visión más participativa busca fortalecer la gobernanza ambiental mediante una articulación efectiva entre las autoridades nacionales, regionales y municipales.

 Los nuevos principios rectores de la gestión ambiental en Nicaragua, que se suman a los principios ya existentes, tales como prevención, sostenibilidad, participación ciudadana, inclusión proactiva, responsabilidad compartida, integridad y conectividad ecológica y precaución, son los siguientes:

Principio de acción responsable: Hay factores que ejercen influencia sobre al ambiente y hay otros que lo regulan, sobre estos últimos recae la acción responsable incluyendo leyes, administración, políticas, responsabilidad cívica, decisiones de moviente transfronterizo y todo aquello que regule la interacción humana con el ambiente.

Responsabilidad por Daño: Se trata de establecer un marco de responsabilidad ambiental que sirva para la prevención, mitigación y reparación de los daños ambientales provocados. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada que causen daños al ambiente, deben restaurar, pagar y compensar los daños causados, prevaleciendo lo que establecen los Principios Precautorio y Preventivo.

Principio de Responsabilidad Empresarial: La responsabilidad medioambiental de las empresas hace referencia a la obligación que tienen las organizaciones de gestionar su impacto ambiental y de asumir las consecuencias que sus actividades provocan en el entorno.

Principio de Equidad: Persigue que las medidas que se adopten para enfrentar el deterioro ambiental, conlleven el menor costo social posible, privilegiándose instrumentos que permitan una mejor asignación de recursos.”

Esta inclusión marca un hito histórico para la protección del medio ambiente, generando responsabilidad en quienes atenten en contra del sistema.

Otro aporte importante es la creación del Registro Nacional de Evaluación Ambiental, una herramienta que permitirá sistematizar y dar seguimiento a todas las solicitudes, autorizaciones y resoluciones emitidas en el marco del sistema, promoviendo así una mayor transparencia y eficiencia administrativa.

Otro aspecto importante de la reforma es la disminución de proyectos que caben dentro de los Proyectos de Categoría I, o sea los proyectos de alto impacto ambiental. Tal disminución tiende a hacer más objetiva la categorización y dejar la discreción a un lado.  Además, alienta la inversión extranjera al hacer menos burocrático el proceso de obtención de Permiso Ambiental.

Finalmente, el Decreto 06-2025 reforma de forma puntual una serie de artículos del decreto original (incluidos los artículos 2, 3, 7, 11, entre otros), actualizando procedimientos, requisitos y competencias institucionales con el fin de adecuar la normativa a las necesidades actuales de protección ambiental y desarrollo sostenible. 

Terencio García 
terencio.garcia@garciabodan.com
Socio Director Regional
García & Bodán
Nicaragua