La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la nueva Ley de Gobernanza de los Servicios Digitales y el Comercio Electrónico. La nueva normativa regula tanto los servicios de la sociedad de la información, incluyendo plataformas e intermediarios, como las transacciones de comercio electrónico, incorporando obligaciones específicas en materia de responsabilidad, transparencia y protección al consumidor
A diferencia de regulaciones tradicionales, la ley introduce un modelo amplio que abarca:
- Plataformas digitales e intermediarios.
- Publicidad y comunicaciones comerciales.
- Contratación electrónica.
- Moderación de contenidos.
- Diseño de interfaces digitales.
Responsabilidad de plataformas
Uno de los cambios más relevantes es el establecimiento de un régimen de responsabilidad para intermediarios digitales.
Las plataformas no serán responsables automáticamente por contenidos de terceros, pero sí deberán actuar con diligencia una vez que tengan conocimiento de contenido ilícito, implementando mecanismos de notificación y retiro.
Este modelo introduce un equilibrio entre innovación y control, pero también incrementa la exposición legal de empresas que operan como intermediarios digitales, incluso en modelos híbridos o B2B.
Prohibición de “dark patterns”: el diseño también será regulado
La ley prohíbe las prácticas digitales manipulativas. Entre ellas:
- Suscripciones automáticas sin consentimiento claro.
- Casillas preseleccionadas.
- Interfaces que dificulten cancelar servicios.
- Diseño orientado a inducir decisiones contrarias al interés del consumidor.
Con esto, el diseño UX/UI deja de ser una cuestión puramente comercial y pasa a tener implicaciones legales directas.
Protección al consumidor: estándares más altos en entornos digitales
El nuevo marco refuerza de manera significativa las obligaciones de información y transparencia en el entorno digital, exigiendo que los proveedores se identifiquen de forma clara ante los consumidores y que detallen de manera completa los precios y costos asociados a los bienes o servicios ofrecidos.
Asimismo, establece la necesidad de contar con una confirmación expresa por parte del usuario antes de perfeccionar cualquier contratación, así como la obligación de remitir comprobantes de la transacción. De igual forma, prohíbe el envío de comunicaciones comerciales sin el consentimiento previo del destinatario, fortaleciendo así los estándares de protección al consumidor en medios electrónicos.
El objetivo es garantizar que el nivel de protección en el entorno digital no sea inferior al del comercio tradicional, alineando el ecosistema digital con principios de transparencia y decisión informada.
Alcance amplio: impacto más allá de grandes plataformas
La ley alcanza a cualquier persona o empresa que opere servicios digitales o realice actividades comerciales por medios electrónicos. Esto incluye:
- Empresas de E-Commerce.
- Fintechs.
- Plataformas tecnológicas.
- Firmas de servicios profesionales.
- Marcas que operan digitalmente.
- Estrategias de marketing online.
En la práctica, esto convierte la regulación digital en un tema transversal para múltiples industrias, no solo para empresas tecnológicas.
Entrada en vigencia y oportunidad estratégica
La normativa entrará en vigencia 12 meses después de su publicación, periodo durante el cual el Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento correspondiente.
Este plazo abre una ventana para que las empresas revisen sus modelos digitales, ajusten sus términos y condiciones, evalúen los riesgos asociados a sus estrategias de experiencia de usuario, marketing y tratamiento de datos, e implementen esquemas de cumplimiento acordes con las nuevas exigencias regulatorias.
