El Congreso de Honduras aprobó la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa que introduce nuevas obligaciones de identificación y reporte para las personas jurídicas y estructuras legales que operan en el país.
La ley crea el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), que será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), con el objetivo de fortalecer la transparencia corporativa, prevenir el lavado de activos y alinearse con los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Aunque la ley aún no ha sido publicada oficialmente y se encuentra pendiente la emisión de su reglamento, las empresas pueden comenzar desde ahora a evaluar el impacto de estas nuevas obligaciones.
¿Quiénes estarán obligados a registrarse?
La normativa tendrá un alcance amplio y aplicará, entre otros, a:
- Sociedades mercantiles hondureñas.
- Sociedades extranjeras registradas para operar en Honduras.
- Fideicomisos.
- Fondos de inversión.
- Vehículos de titularización.
- Joint ventures y otras estructuras similares.
- Entidades de participación mixta público-privada en las que el Estado no posea el 100% de participación.
¿Quién será considerado beneficiario final?
La ley establece que deberá identificarse como beneficiario final a toda persona natural que:
- Posea directa o indirectamente el 25% o más del capital o patrimonio de una entidad.
- Ejerza control efectivo mediante otros mecanismos, incluyendo la capacidad de nombrar o remover administradores o influir en las decisiones financieras, operativas o comerciales de la organización.
Cuando no sea posible identificar a una persona bajo estos criterios, deberá registrarse al funcionario administrativo de mayor jerarquía, debidamente justificando dicha situación.
¿Qué obligaciones deberán cumplir las empresas?
Si bien los procedimientos específicos dependerán del reglamento que emita la CNBS, la ley contempla obligaciones relacionadas con:
- Registro inicial de beneficiarios finales.
- Actualización periódica de la información reportada.
- Reporte oportuno de cambios en la estructura de propiedad o control.
- Conservación de documentación de respaldo durante los plazos establecidos por la normativa.
Para muchas organizaciones, el principal desafío no será el registro en sí, sino la recopilación y validación de información en estructuras corporativas complejas, especialmente cuando existen accionistas extranjeros, holdings regionales, fideicomisos o esquemas de control indirecto.
Impacto para inversionistas y grupos corporativos
La creación de este registro representa es un cambio importante para empresas nacionales e internacionales que mantienen operaciones o inversiones en Honduras.
Además de las obligaciones regulatorias, la información sobre beneficiarios finales será cada vez más esenciales en procesos de debida diligencia, apertura y mantenimiento de relaciones bancarias, contratación con entidades públicas y evaluaciones de cumplimiento corporativo.
Es importante que las organizaciones preparen sus estructuras de gobernanza y documentación corporativa para cumplir con los nuevos requerimientos y reducir riesgos legales y reputacionales.
