El Salvador ha realizado importantes cambios en su legislación de acciones de Administración Pública. Indudablemente, nos encontramos en una fase de transición hacia un nuevo sistema administrativo, similar al existente en otros países de la región, y el cual se ha mantenido como un tema pendiente en nuestro país.
A principio de este año entraron en vigencia dos importantes decretos que ya se encuentran regulando y dirigiendo a la Administración Pública hacia una nueva estructura: por un lado, la “Regulación Transitoria del Procedimiento Administrativo y el Sistema Público Administrativo”, y por otro lado, “Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa”. El primer decreto, provisionalmente regula el Sistema Público Administrativo, mientras la nueva ley de Procedimientos Administrativos se vuelva efectiva, y brinde aplicabilidad al segundo de los decretos, del cual nos referiremos en esta oportunidad.
Uno de los cambios más importantes de la nueva ley, es la creación de los Juzgados Unipersonales de la jurisdicción contenciosa-administrativa para resolver conflictos de esta naturaleza, la cual había sido previamente centralizada en una entidad, la División Contenciosa Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. La autoridad judicial ha sido ahora descentralizada de estos juzgados, lo cual implica mayor agilidad en el procesamiento de procesos contenciosos, y una disminución en los tiempos cuando son resueltos. Otro nuevo e importante aspecto es el objetivo de control jurisdiccional, el cual previamente había caído solo en un tipo de acto de la administración, extendiéndose a otras acciones y omisiones de la misma.
El Proceso de Propiedad Intelectual, por ser procedimientos administrativos que son resueltos ante el Registro de Propiedad Intelectual y sus diferentes áreas, también entra a esta nueva dinámica de acceso a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esto implica una alternativa real para los usuarios del sistema, quienes previamente se resignaron muchas veces de usarlo, considerando que, en el número de años en que su caso fue resuelto, podrían no haber tenido interés en el activo de Propiedad Intelectual. En otras palabras, con este cambio legislativo, hay nuevas oportunidades de acceso a la ruta jurisdiccional para retar aquellas resoluciones que son consideradas transgresoras para el procedimiento, erróneamente aplicadas a la ley, o incluso en omisiones de la Administración Pública en esta área.
Como una firma legal, nos entrenamos para poder desarrollarnos en esta nueva área de procesos judiciales, la cual usa la Ley de Proceso Civil y Comercial que tiene muchos años de validez en nuestro sistema judicial, para hacer uso del sistema para proteger los derechos de nuestros clientes. Si necesita saber más de esta ley, nos ponemos a la orden para asesorarle.
Asimismo, estaremos informando la próxima entrada de validez de la Ley de Procedimientos Administrativos y su impacto en nuestro trabajo legal.
Socio Director
García & Bodán
El Salvador