Las recientes reformas a la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador modificaron de manera importante las obligaciones relacionadas con el Delegado de Protección de Datos (DPD), eliminando la obligación general de las empresas privadas de contar con esta figura.
Pero esto no elimina las obligaciones de las organizaciones frente a los titulares de los datos.
Las empresas deben continuar gestionando adecuadamente las solicitudes de derechos ARCO-POL, mantener mecanismos internos para su atención y revisar sus procesos, políticas y avisos de privacidad conforme a las nuevas disposiciones.
En este contexto, nuestro Asociado Senior Rodrigo Benítez Nassar analiza en la Revista Business de AmCham El Salvador cómo la protección de datos debe entenderse más allá del cumplimiento formal y formar parte de la gestión, el gobierno y la toma de decisiones del negocio.
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Protección de Datos personales: una conversación de negocio
