En Honduras, la obligación constitucional de pagar salarios dejados de percibir, también conocidos como “salarios caídos”, continúa siendo uno de los pasivos más sensibles en materia laboral. Esta figura exige que, cuando un despido es declarado injustificado, el empleador asuma el pago de los salarios acumulados desde la fecha del despido hasta que la sentencia quede firme.
El problema práctico surge por la mora judicial: en tribunales laborales, especialmente en Francisco Morazán, las audiencias pueden programarse con intervalos de seis meses a un año, ampliando significativamente el monto que un empleador puede llegar a enfrentar en un litigio adverso.
¿Por qué esto importa para las empresas?
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Aumento de la exposición económica:
En un proceso que se extiende 12 o 18 meses, los salarios dejados de percibir pueden superar ampliamente el monto de prestaciones legales o indemnizaciones.
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Impacto presupuestario y financiero:
Este riesgo debe considerarse en la planificación de contingencias laborales, en la valoración de disputas internas y en procesos de auditoría o debida diligencia.
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Efecto en decisiones de contratación y terminación:
Una terminación mal documentada o precipitada puede traducirse en un pasivo significativo, incluso si la empresa actuó de buena fe.
Buenas prácticas para mitigar riesgos
- Documentar de forma exhaustiva cualquier proceso disciplinario o causal de terminación.
- Revisar contratos, políticas internas y reglamentos disciplinarios, asegurando que sean aplicables y consistentes con la normativa vigente.
- Agotar mecanismos de conciliación cuando sea viable, evitando procesos largos y costosos.
- Capacitar a mandos medios y Recursos Humanos para prevenir errores formales que pueden derivar en litigios.
- Realizar auditorías laborales periódicas para detectar puntos de exposición antes de que se conviertan en demandas.
¿Hacia dónde podría evolucionar la regulación?
En distintos sectores se discute la conveniencia de establecer un límite temporal para los salarios dejados de percibir, con el fin de equilibrar la protección al trabajador y la sostenibilidad empresarial. Aunque por ahora no existe un proyecto concreto, el tema permanecerá en la agenda debido a su impacto en competitividad y clima de inversión.
