La prestación de servicios al Estado por parte de profesionales individuales es una actividad económica recurrente para los profesionales de Guatemala. Sin embargo, la resolución SAT-DSI-838-2019 de la Superintendencia de Administración Tributaria, exige de quienes quieran prestar este servicio el registro en dicho régimen como requisito esencial para su contratación.
Los obligados según la nueva resolución serán aquellos profesionales universitarios que comprende la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria actualmente vigente.
De acuerdo a las misma Superintendencia de Administración Tributaria, el alcance de la Factura Electrónica en Línea comprende la emisión, transmisión, certificación y conservación por medios electrónicos de facturas, notas de crédito y débito, recibos y otros documentos autorizados por dicho ente.
Lo cierto es que, más que una limitante, esta nueva regulación comprende un beneficio para los profesionales, promoviendo la digitalización de los trámites tributarios para los profesionales.
En ese tenor, aun cuando la obligación solo se extiende a quienes deseen prestar servicios al Estado bajo la regulación de la Ley de Contrataciones del Estado, el incremento en el uso de estos sistemas electrónicos es un aliciente para modernización de la economía formal en Guatemala.
Esta medida se suma a los esfuerzos conjuntos de diversos sectores por dar un empuje a la economía con mayor crecimiento en la región centroamericana. Asimismo, desde el punto de vista regulatorio y tributario, la medida es un esfuerzo por aumentar la recaudación y transparentar los procedimientos administrativos a los que los contribuyentes se someten.
Aunque para estos últimos la implementación del sistema pueda generar un costo inicial, la retribución que se recibe en recaudación tributaria y formalización de contratación por parte del Estado poseen un valor considerable que los profesionales no pueden obviar.
Asociado
García & Bodán
Guatemala