El pasado 4 de octubre de 2017 entraron en vigencia las reformas efectuadas a la Ley de Tarjetas de Crédito de 2006, las cuales fueron promulgadas en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 4 de agosto de 2017, mediante Decreto Legislativo No. 57-2017.
Dichas reformas se enfocan en designar un techo máximo de 54% para aplicar a la tasa de interés promedio anual a cobrar a los usuarios de las tarjetas de crédito en Honduras, dado que dichos intereses habían llegado a ser los más altos en la región centroamericana. Asimismo, se establece el mismo techo de 54% anual como referencia para otras operaciones financieras que efectúen los prestamistas no bancarios en el financiamiento de bienes y servicios o de dinero.
Las reformas también autorizan la readecuación de las deudas que se mantienen bajo condiciones financieras ambiguas e imposibles de pagar. Por otra parte, las cooperativas de ahorro y crédito debidamente autorizadas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, podrán emitir tarjetas de crédito conforme a lo dispuesto en el decreto y previa no objeción de la Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Se establece que el pago mínimo establecido por el emisor debe incluir la totalidad de los intereses, comisiones y cargos no financiables, más una proporción del saldo de capital vigente no menor al 2.6 por ciento, más el capital vencido de los pagos mínimos de los meses anteriores.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) debe reglamentar el procedimiento técnico al aplicar sus modificaciones y porcentajes. Otras de las reformas que se implementan son las prohibiciones de incrementar la tasa de interés a los préstamos que se otorguen para el pago de tarjetas en caso de insolvencia, la de cobrar primas o comisiones para gozar del beneficio del pago y el otorgamiento de nuevas tarjetas de crédito en caso de insolvencia.
David Díaz Hernández, Asociado en Honduras, explica que “con la entrada en vigencia de las reformas que, si bien había generado expectativas de implementar una acción más enérgica tendiente a favorecer a la población y a protegerla de intereses que por mucho tiempo se han considerado usurarios, viene a atenuar la situación de insolvencia y sobreendeudamiento de gran parte de la población hondureña, así como regular un sector que había sido dejado inadvertido durante mucho tiempo”.