El 30 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó la polémica Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (ENIMEX). Según declaraciones oficiales, el objeto de ENIMEX es contribuir al logro de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo productivo agropecuario y fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, para continuar con la reducción de las desigualdades y la pobreza. No obstante, desde que se dio a conocer la iniciativa de la Ley, esta causó preocupación en diversos sectores, los cuales temen que pueda ser un intento del Estado de Nicaragua de competir con empresas del sector privado.
ENIMEX sería la sucesora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones (Enimport), que fue creada en 1980 a través del Decreto 271 que reformaba la Ley del Ministerio de Comercio Exterior. A partir de 1999 pasó a ser parte del Ministerio de Hacienda y se ha dedicado a importar productos para instituciones del Estado, principalmente relacionadas con atención de desastres, sector metal-mecánico y comercializar donaciones para crear fondos de contravalor y financiar programas sociales.
ENIMEX tendrá por objeto realizar transacciones de bienes, mercancías, productos y servicios en general, actuando inclusive como comprador y vendedor del Estado. Podrá asociarse, constituir empresas de economía mixta, uniones temporales, alianzas estratégicas y todo acto o contrato permitido por las leyes nacionales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas. Es precisamente, el vasto campo de acción de ENIMEX y la posibilidad de constituir empresas mixtas, lo que más preocupa a diversos sectores. ENIMEX puede llegar a competir con el sector privado e incluso ser proveedora del mismo Estado.
Producto de las preocupaciones expresadas por el sector privado, se eliminaron del texto final de la Ley el régimen de beneficios fiscales de los cuales gozaría ENIMEX y el uso del término “discrecional” para caracterizar la manera en que la empresa puede actuar en el ejercicio de sus actividades. No obstante, el sector privado plantea ahora la posibilidad de recurrir en contra de la Ley por considerar que causa inseguridad jurídica y limita las inversiones privadas, al arriesgar la sostenibilidad del sector exportador que ha sido manejado de manera privada en las últimas décadas.
Asociado
García & Bodán
Nicaragua